NOTICIAS | SOCIEDAD
El caso del duque de Palma es de una gravedad tal que, de hecho, ha socavado la reputación de la Casa Real
El caso del duque de Palma es de una gravedad tal que, de hecho, ha socavado la reputación de la Casa Real

Oferta Especial

El juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina de España, por un delito de blanqueo de capitales y otro de indole fiscal, presuntamente cometidos por la hija del rey dada su condición de copropietaria de la empresa familiar, Aizoon, a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

El auto de 227 páginas, que acaban de recibir las partes, cita a la hija pequeña del rey a declarar dentro de dos meses. Concretamente, el sábado 8 de marzo a las 10:00 de la mañana. El magistrado instructor del caso Urdangarín ha otorgado ese amplísimo margen con un objetivo obvio: que a la Audiencia Provincial de Palma le dé tiempo a fallar el más que seguro recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a la infanta Cristina, están severamente castigados por el Código Penal español.

El blanqueo de capitales, conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero defraudada.

El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra que le ha sido distraída a la Hacienda pública.

El magistrado instructor sostiene que la contabilidad de Aizoon, sociedad instrumental que en estos momentos preside la infanta, “distaba mucho de ajustarse a la realidad”. Y tilda de “fiscalmente opaco” el reparto de dividendos entre los dos titulares de la empresa familiar: Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarín.

Una de las acusaciones más graves del auto viene a continuación, casi sin solución de continuidad, en un párrafo que no deja lugar a la duda: “Esos ingresos, procedentes del reparto de dividendos fiscalmente opacos, nunca los tributó en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”. Esta, es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez, en abril de 2013, suspendió poco después la citación a continuación de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un recurso ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero abrió nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su esposo.

El juez Castro apunta en el auto que Iñaki Urdangarín “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia” de su mujer “por mucho que de cara a terceros” mantuviera “una actitud propia de quien mira para otro lado”.

Una forma de actuar que el magistrado considera irregular “por omisión”, recalcando que no podría entenderse que la duquesa de Palma no estuviera “alertada” del proceder de su marido, tanto por su “sólida formación” como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que “se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas”.

Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la infanta no utilizó su “paritario potencial participativo” en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habría defraudado al fisco, para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudadoras de esta empresa.

La defensa de la infanta Cristina recurrirá ante la Audiencia de Palma su imputación. En declaraciones a los medios de comunicación, Miquel Roca, abogado de la infanta, ha señalado que discrepa de la decisión del juez Castro de imputar a Doña Cristina, por lo que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que tenga que acudir a declarar el próximo 8 de marzo.

Todo esto, en unos momentos en los que la imagen del monarca se encuentra en una de sus peores épocas. De hecho, una encuesta de opinión realizada durante los últimos cuatro días del mes de diciembre dio a conocer que casi dos tercios de los españoles quieren que el rey Juan Carlos abdique en favor de su hijo, el príncipe Felipe.

Un 62% de los encuestados por Sigma Dos, para el diario español El Mundo, dijo que pensaba que el monarca debería renunciar, en comparación con menos del 45% de hace un año. El rey Juan Carlos, quien cumplió 76 años el domingo, ha visto sus índices de aprobación caer en gran parte debido a la investigación a su yerno, Iñaki Urdangarín, por corrupción.

El diario francés, Le Figaro, apunta que la impopularidad de Juan Carlos es una amenaza real para la monarquía. En una crónica de su corresponsal Mathieu de Taillac, se podía leer: “Primero fue un tabú, luego un rumor, hasta llegar a convertirse en un tema de debate. Hoy es la reivindicación de una gran mayoría de la población. El 62% de los españoles quiere que Juan Carlos abdique en favor de su hijo, el príncipe Felipe. El rechazo al rey y el cuestionamiento de la monarquía no son nuevos, coinciden con la serie de crisis que afectan a la Casa Real en España desde hace dos años. Pero la desconfianza se ha amplificado de año en año”.

Tanto se ha visto afectada, que en su discurso anual de la víspera de Navidad, el rey dijo que no tenía contemplado abdicar.

Y si todo esto no bastara, el diario británico, The Telegraph, publicó este lunes un artículo en el que asegura que, en 1980, el rey Juan Carlos admitió en privado que “no estaba en el interés de España la recuperación del Peñón de Gibraltar en un futuro próximo”.

Según The Telegraph, la declaración del monarca se habría producido durante una reunión privada con el entonces embajador británico en Madrid, Sir Richard Parsons, en julio de 1983. En el artículo, su corresponsal Fiona Govan, asegura que varios documentos de 1980, desclasificados y publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, revelan como el monarca dijo no querer “Gibraltar de vuelta”, porque ello daría lugar a reclamaciones de Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África.

Los detalles de la reunión se hicieron públicos en Reino Unido la semana pasada, como parte de una franja de documentos gubernamentales secretos desclasificados en virtud de la regla de los 30 años, por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Una información ciertamente sensible y que, en palabras del mismo medio de comunicación, “es probable que causen cierto malestar después de un año en el que el Gobierno de España ha insistido en negociar la soberanía”.

De momento, es una noticia bastante fresca, cuyas consecuencias aún no se han podido cuantificar. Más aún, en una semana donde la imputación de una de sus hijas, solapará indudablemente otras noticias de tanta o mayor importancia y, que de seguro, se convertirá en el tema central de todas las tertulias y noticieros de la televisión en España.

Pero, si en algo coinciden los expertos consultados, es que sobre los distintos casos que rodean a la corona, el del duque de Palma es de una “tremenda gravedad”. Tanto que, de hecho, ha socavado la reputación de la Casa Real. Un deterioro nada trivial para una institución cuya imagen, “muy delicada”, “se basa en el prestigio”, como acentúa Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en la monarquía española.

Esa, la duda sobre el daño a la Jefatura del Estado que puede infligir la investigación de los negocios del Instituto Nóos, es la primera incógnita que ahora se abre camino. Pero, hay más: la futura actitud del rey, si su hija y el duque consorte fueran finalmente condenados, la necesidad de tasar las incompatibilidades con actividades privadas para miembros de la familia real y la resolución final del debate sobre la transparencia de la Corona.

La monarquía era, en la última encuesta del CIS, la tercera institución mejor valorada, tras el Ejército (5,65) y los medios (4,97) en España. El sondeo del pasado octubre también revelaba que para el 29,7% de la población, la Casa Real suscitaba poca o ninguna confianza, un dato que José Luis Dader tilda ya de “peligroso” para los intereses de la Zarzuela.

De hecho, para este catedrático de Periodismo y Comunicación Política de la UCM, lo significativo no es tanto la valoración media, todas las instituciones, salvo las Fuerzas Armadas, suspenden en el último barómetro, sino la caída del porcentaje de los que expresan una alta confianza en la Corona: del 40,3% de 2010 al 34,2% de 2011. Es decir, 6,1 puntos en menos de un año.

Torres del Moral, atribuye el desplome de la calificación precisamente al “halo de misterio, de ocultación, de falta de transparencia” que pesa aún sobre la Casa Real.

Lógico, avisa Dader, “este caso puede servir de acelerador para instalar un mayor clima de opinión a favor de la transparencia”. Esa exigencia ya existía, “difusa”, pero se ha visualizado aún más con el 15-M. “Irá en aumento”, aseguró el experto sobre la Corona, Rodríguez Castromil, que añade: “ha calado en un sector de la izquierda que ha dejado al PSOE y que pide una regeneración democrática urgente”.

Lo cierto es que, el caramelo de cianuro del caso Urdangarín, puede aún durar en la boca de la Corona un buen tiempo. Justo cuando se suman los rumores sobre la salud del rey, se dispara el debate sobre la sucesión y se aletarga el recuerdo del 23-F en el imaginario colectivo.

Rodríguez Castromil, deja una receta sobre la mesa: “La monarquía va a tener que renovar su discurso ante la sociedad para obtener la legitimación con su gestión del día a día. Reinventarse, hacerse valer más allá de las portadas del corazón”.

This Is A Developing Story
ESPECIALES